Por: Matías López, estudiante de economía.

Columnista invitado

Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional con la vuelta a comisiones de la Ley Ómnibus, y su injustificado enfrentamiento con las autoridades provinciales que se opusieron a determinados artículos, el presidente Javier Milei, recibió en Balcarce 50, el pasado 14 de febrero, a un equipo de periodistas de LN+, en la cual soltó polémicas frases acerca de los pasos a seguir de su Gobierno. “Voy a hacer un decreto que elimine todos los fideicomisos, eso pone nerviosos a muchos”, fueron las palabras que el actual mandatario eligió para referirse a lo que él denomina “las cajas negras de la política”.

En esta misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que van a terminar con esas cajas. “Entendemos que carecen de transparencia”, esbozó. 

Pero, ¿Qué es un fideicomiso? ¿Por qué desde las más altas esferas del actual gobierno intentan instalar y resaltar una supuesta falta de transparencia y registros? ¿Qué hay detrás de esta intención de generar un falso diagnóstico en medio del mencionado enfrentamiento con los gobernadores, y cuáles son los propósitos de ello? 

Para comenzar a desglosar los interrogantes, un fideicomiso es un instrumento legal que se utiliza con el fin de garantizar una transferencia más eficiente y transparente de activos o bienes. El mismo se encuentra constituido por cuatro partes principales: el fiduciante (quien posee y transfiere los activos), el fiduciario (quien los gestiona de acuerdo a lo estipulado en el contrato del fideicomiso), el beneficiario (quien se beneficiará de los activos del fideicomiso, que incluso puede ser el mismo fiduciante) y, por último, el fideicomisario (destinatario final de los activos fideicomitidos).

Hago hincapié en la eficiencia y la transparencia de los fideicomisos debido a que, no solo es la esencia de la herramienta, sino que también se rigen dentro de un marco legal normado por contratos, aceptados por todas las partes que lo conforman, y en donde la trazabilidad de los activos se encuentra al alcance de cualquier autoridad que desee consultarla, ya que el funcionamiento se encuentra controlado por auditorías internas y externas, existiendo registros de todos los movimientos realizados.

Hasta este punto no habría ningún imponderable si no tenemos en cuenta algunos detalles: uno de ellos tiene que ver con que la conformación de un fideicomiso se desarrolla con un objetivo en particular. Por ejemplo, uno de los casos que el presidente menciona como “cuestionados” es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). El mismo fue creado en 2014 con el objetivo de facilitar, a través de instrumentos como la bonificación de la tasa de interés, o los Aportes No Reembolsables, entre otros, el acceso al financiamiento de proyectos que promuevan la inversión o contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor en sectores estratégicos, para sostener actividades y/o empresas con elevado contenido tecnológico. Por otro lado, al tratarse de fideicomisos públicos (y atravesando el autodeclarado conflicto del Gobierno nacional con las provincias), pueden llegar a tratarse de presupuestos enteros que afectan a las cajas provinciales. Esta es otra medida de ajuste que se sumaría a la quita total de subsidios al transporte para el interior del país, que fue anunciada hace ya unas semanas. 

Entonces, retomando los principales interrogantes, ¿Cuál es el real propósito del presidente al desarticular una herramienta eficiente y transparente que ofrece respuestas de financiamiento a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y a muchas de las provincias y sectores de la economía nacional? A las claras se observa que la idea central de Javier Milei, y de todos sus colaboradores, consiste en retomar anteriores procesos de desindustrialización demonizando el funcionamiento de todo tipo de herramienta estatal, alimentado por una “sed de revancha”, generada tras un enfrentamiento unilateral en contra de los gobernadores. Lo que se ignora en este punto es que -una vez más- las consecuencias no las termina sufriendo “la casta”. Solo perjudican y amedrentan la realidad diaria de todos los argentinos y las argentinas.