No es una pregunta técnica ni contable. No se responde mirando una planilla de Excel ni afinando el lápiz. El monto no es trascendente en términos presupuestario. No mueve el amperímetro, ni salva ninguna cuenta pública. No define el equilibrio fiscal ni resuelve ninguna crisis macroeconómica Por eso la explicación no puede buscarse ahí. Insistir con esa respuesta es no querer ver el problema de fondo.
Tampoco alcanza con decir que se trata de crueldad, aunque la crueldad exista y la insensibilidad quede brutalmente expuesta. Hay decisiones que duelen porque afectan vidas concretas, cuerpos concretos, trayectorias frágiles. Pero reducir todo a una cuestión moral sería quedarse corto. Esto no es solo falta de empatía. Es, sobre todo, una visión política del mundo. Una cosmovisión.
El ideario libertario que una parte del pueblo votó en 2023 y reafirmó en octubre parte de una premisa clara y explícita: el Estado no debe asistir a ninguna minoría. No debe cuidar, no debe acompañar, no debe intervenir para compensar desigualdades. En ese esquema, el Estado no está para garantizar derechos sino para retirarse. Para correrse. Para dejar hacer.
Desde esa lógica, la discapacidad no es un problema social ni colectivo. No es una responsabilidad común. Es un asunto privado. Íntimo. Familiar. Algo que debe resolverse puertas adentro. Cada familia como pueda. Cada quien con lo que tenga. Y cuando decimos “como pueda”, sabemos exactamente lo que significa: si se puede, bien. Y si no se puede, que se joda. No es una exageración ni una provocación. Es la consecuencia directa de esa forma de pensar.
Esto no aparece como un desliz ni como un error de gestión. Está escrito en sus referentes filosóficos, en sus discursos, en sus decisiones. Para esa mirada, las políticas de cuidado no son derechos sino interferencias. Las asistencias no son justicia social, sino distorsiones del mercado. Y las personas con discapacidad dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en “cargas” que alguien —la familia, el entorno, la caridad— deberá sostener.
Por eso el ajuste a las personas con discapacidad no es una anomalía dentro del modelo. Es el modelo funcionando. Es la coherencia de una idea llevada a la práctica. Una sociedad donde el Estado se retira y deja a los más vulnerables a la intemperie. Donde los derechos se transforman en privilegios. Donde sobrevivir depende menos de la justicia y más de la suerte.
Frente a esto, la tarea es política. Será responsabilidad de las personas con discapacidad, de sus familias y también de quienes empatizan aunque no lo sufran en primera persona, tener esto muy presente a la hora de votar. Pero no alcanza solo con advertir. No alcanza con señalar el daño.
Habrá que ser bien distintos. Construir ideas y propuestas concretas que entiendan la discapacidad como una cuestión colectiva y no privada. Pensar políticas públicas que partan del cuidado y no del descarte. Y, sobre todo, garantizar que las personas del propio colectivo estén representadas, con voz real y lugar efectivo, en nuestras listas y en las decisiones.
Porque no se trata de un gasto. Se trata de qué sociedad somos. Y de cuál estamos dispuestos a construir.
