Apagón en el Área Metropolitana de Buenos Aires: entre los negocios privados y los derechos de los usuarios

El apagón masivo ocurrido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 5 de marzo de 2025 dejó a más de 600.000 usuarios sin suministro eléctrico (más de 2 millones de argentinos y argentinas), afectando semáforos, servicios de transporte, comercios e industrias. Este incidente reaviva el debate sobre la responsabilidad de las empresas privadas en la prestación de servicios esenciales, la necesidad de inversiones en infraestructura energética y los derechos de los usuarios a percibir servicios de calidad. 

Según informes de las diferentes empresas y organismos involucrados, el corte se produjo debido a una falla en una línea de alta tensión durante una ola de calor que elevó la sensación térmica a 44°C. Esta situación provocó un efecto dominó que afectó a varias subestaciones y unidades de generación, interrumpiendo el servicio en amplias zonas del AMBA.

Este plan incluía un esquema de financiamiento que no recaería sobre los usuarios. Sin embargo, con la asunción del presidente Javier Milei, se autorizó a las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía a aumentar el precio de la unidad de consumo eléctrico, justificándolo en un supuesto atraso tarifario y en la necesidad de reducir subsidios estatales, trasladando el costo al usuario y profundizando la subejecución presupuestaria. Un paso más en el camino para lograr alcanzar el “Déficit Cero”. Podemos afirmar, además, que el supuesto “atraso tarifario” que motivó los exorbitantes aumentos se instaló sin haber realizado el análisis de costos correspondiente -ejercicio que tampoco se realizó durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández-. A pesar de estos incrementos, no se han evidenciado mejoras significativas en el servicio, como lo demuestra el reciente apagón.

Ante la crisis, la Secretaría de Energía propuso iniciar la primera fase del plan de obras presentado en 2022 (AMBA I), con un costo estimado de USD 1,112 millones. Según trascendió, la propuesta de financiamiento esbozada por dicha secretaría era financiar estas obras mediante un cargo adicional en las facturas de los usuarios. La misma fue rechazada por el gobierno, dejando en suspenso la ejecución de las mejoras necesarias.

Plano AMBA I – Informe Subsecretaría de Energía Eléctrica Dic.22

Lo triste, y alarmante, es que esto no se dio por ninguna de las vías posibles. Y con “esto”, nos referimos a la inversión y a la obra. Porque los aumentos se vieron plasmados en los primeros meses de la nueva gestión y la realidad nos muestra que aún no hay mejoras en el servicio.

¿Por qué ahora EL ESTADO tiene que salir a responder a los usuarios por la falta de suministro de los privados? ¿No era que no existía presencia más ineficiente que la del ESTADO? ¿Dónde está la plata de los aumentos?

Para comprender la situación actual, y estos interrogantes, es necesario revisar la evolución del sistema eléctrico en Argentina.

Para nosotros, los que vivimos en el AMBA y nacimos post 1990, es moneda corriente abonar mensualmente la factura de Edesur o Edenor para tener electricidad en nuestras casas, comercios o industrias, pero esto no siempre fue así. La génesis del funcionamiento eléctrico nacional se sitúa a fines del siglo XIX, a través de pequeñas concesiones con las que se llevaron a cabo la instalación de pequeñas usinas térmicas que proveían la energía necesaria, tanto para el funcionamiento de las industrias, como para los sistemas de iluminación públicos y privados. 

Con la creciente demanda nacional, ya para las primeras décadas del siglo XX, comienzan a hacer su aparición los primeros grandes emprendimientos de producción de electricidad en manos de compañías privadas —que cubrían el núcleo principal dicha demanda—. Este modelo fue creciendo y replicándose con la construcción de centrales tales como la de Paternal, Berisso, Puerto Nuevo y la Ribera este; y por la acción de empresas privadas o por cooperativas que se multiplicaron a partir de la década del ´30. 

Sin embargo, para principios de los años 40, la demanda superaba la oferta. Esto llevó a racionamientos y cortes masivos que, naturalmente, avivaron el reclamo social. En respuesta a esta coyuntura, el Estado intervino fuertemente el sector eléctrico y, en la reforma constitucional de 1949, estableció que los servicios públicos debían ser prestados por el Estado, expropiando empresas privadas al valor histórico de sus instalaciones. En 1960, se estatizó SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), lo que permitió un crecimiento sostenido de la potencia instalada hasta principios de los años 70 con la construcción de centrales térmicas, nucleares y, principalmente, hidroeléctricas.

A pesar de que la curva de la demanda de energía eléctrica continuó con una tendencia alcista, durante la segunda mitad de los años 70 y principios de los 80, la lógica de administración se modificó. La falta de actualización tarifaria y la devaluación de 1981 llevaron a una crisis en el sector, con tarifas que no cubrían los costos de distribución y un gran aumento en los cortes de suministro. Así, desde la administración Estatal se generaron condiciones de ineficiencia e insuficiencia para atender las necesidades nacionales de energía. En ese sentido, el Estado tuvo que recurrir a los viejos equipos autogeneradores para intentar tener mayor cobertura y disminuir el impacto negativo. 

La situación derivó en las privatizaciones de los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, con la sanción de dos leyes que permitieron la reforma del Estado y la segmentación del sistema eléctrico. Por un lado, la Ley N° 23.696, sancionada en agosto de 1989, permitiendo la privatización de empresas públicas. Por el otro, la Ley N° 24.065, sancionada en enero de 1992, estableciendo un nuevo régimen de energía eléctrica que segmentaría el sistema en tres sectores: uno de generación, uno de transmisión y otro de distribución. 

De este modo, a raíz las privatizaciones, que tuvieron lugar promediando 1992, se crearon diez unidades de negocio: cuatro empresas encargadas de la generación eléctrica, dos transportadoras (TRANSENER y TRANSBA), tres distribuidoras (Edesur, Edenor y Edelap), y el Despacho Nacional de Cargas (DNDC), que tuvo lugar con la creación de CAMMESA a través del decreto 1192/92. Esta empresa era la encargada de operar el Sistema Argentino de Interconexión, planificar las necesidades de capacidad de energía, coordinar de las operaciones de despacho y regular las transacciones económicas del mercado eléctrico mayorista. Se conforma así el nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la República Argentina, que se reproduce hasta la actualidad.

Si bien durante el período comprendido entre 2003 y 2015 se llevaron a cabo fuertes  inversiones en materia de Energía como el desarrollo de Vaca Muerta, la reestatización de YPF, la reinauguración de la represa de Yacyretá, la construcción de decenas de centrales y el pago de las deudas que tenía el Estado con las empresas distribuidoras; no se solucionó el problema actual, ya que el mismo radica en la logística y el transporte de la energía, no en su generación, tal como se mencionó al principio de la nota con el plan de obras de fines de 2022.

En 2003, al asumir Néstor Kirchner, el total de líneas de 500kv era de alrededor de 9.300km y,  como consecuencia de la puesta en ejecución del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500kv, financiado con recursos del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) para 2015 la Argentina ya contaba con alrededor 13.500km de líneas de alta tensión. La ejecución de dicho Plan Federal ha permitido conferirle al Sistema Argentino De Interconexión (SADI) una mayor estabilidad, mejorando las condiciones de abastecimiento de la creciente demanda.

Las inversiones realizadas, e incluimos en la lista anterior al “Gasoducto Néstor Kirchner” inaugurado, en su primer tramo, en julio de 2023 durante la presidencia de A. Fernández, fueron el sostén de un nuevo crecimiento de la demanda energética nacional y estuvieron apoyadas en un plan estatal de reindustrialización (y mayores niveles de consumo), que recibió el abastecimiento energético necesario. 

En cambio, a lo largo de los últimos dos años y como consecuencia de las decisiones políticas del presidente de turno, la actividad industrial mermó y, por lo tanto, también lo hicieron los niveles de consumo energético. Pero la capacidad de generación sigue siendo la misma. Es por esto que consideramos imperiosa la necesidad de inversión en los tendidos eléctricos de nuestro país. 

La reciente crisis evidencia la necesidad de un compromiso real con la inversión en infraestructura eléctrica. La autosuficiencia y soberanía energética de Argentina son posibles, pero requieren decisiones políticas firmes y una gestión eficiente que priorice el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses económicos de las empresas privadas.

Consideramos fundamental la presencia y el desarrollo del ESTADO. 

Entendemos a la política como un elemento fundamental para la transformación de la realidad. 

EN ARGENTINA NO FALTA ENERGÍA, FALTA INVERSIÓN Y COMPROMISO CON LA PATRIA.

Una Argentina autosustentable y soberana es posible, los recursos y la potencialidad existen. Solo hace falta construir unidad y escribir Nuevas Canciones que la puedan llevar a cabo.

Tomas Avallone – Matias Lopez