Hay algo profundamente obsceno en el lenguaje burocrático con el que suelen anunciarse las grandes entregas nacionales. Nunca dicen “privatización”. Nunca dicen “desguace”. Nunca dicen “saqueo”. Mucho menos hablan de subordinación geopolítica. Hablan de “modernización”, de “articulación público-privada”, de “eficiencia”, de “iniciativas privadas”. Y detrás de esa arquitectura semántica cuidadosamente diseñada aparece, una vez más, la vieja historia argentina: la transferencia silenciosa de capacidades estratégicas construidas durante décadas por el Estado, los trabajadores, los científicos y el pueblo argentino hacia intereses privados, muchas veces extranjeros.

Eso es exactamente lo que pasó recientemente con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Porque detrás del “Procedimiento Normativo PN-PR-GACOYA-002”, la CNEA habilitó formalmente un mecanismo de acceso preliminar para interesados privados sobre activos estratégicos del sector nuclear argentino. Y cuando uno lee el texto completo del procedimiento ya no quedan demasiadas dudas sobre el verdadero alcance político de la decisión.

La definición de “activo” que incorpora el documento es brutal por su amplitud: incluye “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial” bajo órbita de la CNEA.

Es decir: no solamente edificios o instalaciones. También conocimiento acumulado, experiencia operativa, información técnica y capacidades institucionales construidas durante décadas por el Estado argentino. Todo ello podrá ser puesto a disposición de privados nacionales o extranjeros para evaluar futuras “Iniciativas Privadas”.

La CNEA habilitó formalmente un mecanismo de acceso preliminar para interesados privados sobre activos estratégicos del sector nuclear argentino.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué significa exactamente abrir las puertas de uno de los sectores más sensibles y estratégicos del Estado argentino a capitales privados extranjeros? Porque el sector nuclear no es un negocio más. No es una fábrica cualquiera ni un activo financiero para revolear en una mesa de inversión.

El entramado nuclear argentino constituye probablemente uno de los desarrollos científico-tecnológicos más sofisticados que logró construir nuestro país desde mediados del siglo XX.

La CNEA nació en 1950 bajo el gobierno de Perón no solamente para producir energía: nació para garantizar soberanía tecnológica en un mundo donde la tecnología nuclear definía jerarquías globales de poder.

Por eso el sector nuclear argentino siempre fue incómodo para las potencias centrales. Porque Argentina logró lo que muy pocos países periféricos consiguieron: desarrollar conocimiento propio, formar científicos propios, diseñar reactores propios, exportar tecnología nuclear, dominar parcialmente el ciclo del combustible y construir capacidades autónomas en áreas extremadamente sensibles. Eso nunca fue tolerado del todo.

Y quienes vivimos de cerca la gestión de la CNEA durante la conducción de Adriana Serquis lo vivimos en primera persona. No nos lo contó nadie. Quienes formamos parte del infame Frente de Todos vimos directamente la presión permanente de actores internacionales, embajadas,organismos extranjeros y distintos stakeholders globales sobre los proyectos estratégicos argentinos.

Lo vimos alrededor del CAREM. Lo vimos alrededor del RA-10. Lo vimos en cada discusión vinculada al enriquecimiento de uranio, al desarrollo de proveedores nacionales o a la autonomía tecnológica argentina. Siempre aparecía el mismo límite invisible: Argentina podía investigar un poco, producir un poco, desarrollarse un poco… pero nunca demasiado. Nunca al punto de convertirse en un actor plenamente autónomo.

Porque detrás del discurso de la “cooperación internacional” muchas veces aparece otra lógica mucho más cruda: administrar la dependencia tecnológica de los países periféricos. Y eso explica por qué resulta imposible desligar esta avanzada privatizadora de la reciente visita de autoridades nucleares estadounidenses a los centros atómicos argentinos. No es casualidad. Nunca es casualidad.


Estados Unidos no disputa solamente petróleo o alimentos. Hoy disputa minerales críticos, tierras raras, uranio, capacidades tecnológicas duales y cadenas globales de valor vinculadas a la transición energética y militar del siglo XXI. El uranio vuelve a ser un recurso geopolítico central, y Argentina posee reservas estratégicas, capacidades técnicas y conocimiento acumulado que resultan extremadamente valiosos en ese escenario global.

Argentina podía investigar un poco, producir un poco, desarrollarse un poco… pero nunca demasiado. Nunca al punto de convertirse en un actor plenamente autónomo.

Por eso preocupa especialmente que este procedimiento habilite visitas, acceso a instalaciones, información técnica y relevamientos sobre yacimientos, complejos y capacidades nucleares argentinas. Porque no estamos hablando únicamente de negocios energéticos. Estamos hablando de infraestructura crítica del Estado. Y la infraestructura crítica no se privatiza. O mejor dicho: cuando se privatiza, las consecuencias históricas suelen ser devastadoras. Los países que resignan capacidades estratégicas terminan perdiendo mucho más que empresas públicas. Pierden autonomía de decisión, capacidad industrial, empleo calificado, soberanía tecnológica y herramientas concretas para proyectar poder nacional.
Argentina ya vivió algo parecido en los años noventa. La privatización menemista intentó avanzar también sobre el sector nuclear mediante la fragmentación institucional de la CNEA, la creación de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la declaración de la actividad nucleoeléctrica como “sujeta a privatización”. El argumento era exactamente el mismo que hoy: el Estado era ineficiente, el mercado asignaría mejor los recursos y el capital privado modernizaría el sector. Pero ocurrió algo revelador: casi nadie quiso invertir. Porque el sector nuclear requiere planificación estatal, inversión de largo plazo, desarrollo científico sostenido y horizontes temporales incompatibles con la lógica especulativa del capital financiero.

Y si las centrales nucleares argentinas no terminaron completamente privatizadas durante aquella etapa fue también por la resistencia de los trabajadores del sector, por la organización gremial y por una comunidad científica, técnica y universitaria que entendía perfectamente lo que estaba en juego. Hubo paros, movilizaciones y una defensa activa de las capacidades estratégicas del Estado cuando buena parte de la dirigencia política naturalizaba el desguace nacional.

La historia del sector nuclear argentino también es la historia de trabajadores que resistieron para que el país no perdiera décadas de desarrollo científico y tecnológico construidas colectivamente. Las potencias lo saben perfectamente. Estados Unidos, Francia, China o Rusia jamás abandonarían completamente al mercado sus capacidades nucleares estratégicas. Lo que exigen para la periferia nunca lo aplican en sus propios países. Y por eso el caso del CAREM resulta tan simbólico.

El CAREM no era solamente un reactor modular pequeño: era la posibilidad concreta de que Argentina liderara una tecnología emergente con potencial exportador global. Era industria nacional, conocimiento argentino, empleo calificado y soberanía tecnológica. Por eso había que frenarlo. Porque un país periférico desarrollando tecnología nuclear avanzada siempre molesta al poder.


Mientras algunos hablan livianamente de “abrirse al mundo”, lo cierto es que ningún país serio entrega las llaves de su infraestructura crítica estratégica. Ni Estados Unidos. Ni China. Ni Francia. Ni Rusia. Sólo los países subordinados naturalizan entregar sus capacidades estructurales a intereses privados extranjeros bajo el disfraz de la modernización.

La historia argentina debería haber enseñado algo elemental: cuando se privatizan sectores estratégicos no se transfiere solamente patrimonio. También se transfiere poder político. Por eso esta discusión excede largamente a la CNEA. Acá se está discutiendo qué tipo de país queremos ser: uno capaz de producir tecnología compleja, formar científicos, sostener industria nacional y desarrollar capacidades estratégicas propias; o uno condenado a exportar materias primas mientras importa conocimiento, tecnología y dependencia.

Y hay además algo profundamente simbólico en todo esto. Porque quienes vivimos todos los días el mundo de la gestión, incluso desde lugares aparentemente alejados como los clubes o el fútbol, sabemos perfectamente que hay patrimonios que no se administran solamente con lógica financiera. En Independiente aprendimos —muchas veces a los golpes— que cuando se pierde infraestructura crítica, cuando se entregan capacidades estratégicas o cuando se vacían instituciones históricas, después recuperarlas cuesta muchísimo.

Con la CNEA pasa exactamente lo mismo. No se trata únicamente de balances o inversiones. Se trata de defender una construcción histórica del Estado argentino, hecha por científicos, técnicos, trabajadores y generaciones enteras que entendieron que la soberanía no se declama: se construye. Y también se defiende. Porque una vez que estas capacidades se destruyen o se entregan, recuperarlas puede llevar medio siglo. Si es que alguna vez, vuelven.