Casi como si el tiempo no pasara, Argentina parece estar viviendo el déjà vu de una película de terror. Si bien varios de los protagonistas son los mismos, el escenario es peor de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. 

Recordemos que en la década del ´90, impulsada por el presidente Carlos Saúl Menem y el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, se sancionó la ley de convertibilidad del Austral N° 23.928 (popularmente conocida como “uno a uno”). Nuestro país atravesaba una grave crisis económica por hiperinflación y el gobierno optó por instalar un régimen de tipo de cambio fijo, en el que un peso era equivalente a un dólar. La historia conocida es que la burbuja en la que el país estaba inmerso estalló con la crisis de diciembre del 2001.

¿Qué fue lo que pasó para que esto ocurriera? La génesis del problema la encontramos cuando vemos que, para sostener esa paridad cambiaria establecida a través de la Ley, era necesario hacerse de un fuerte respaldo de dólares que permitieran el funcionamiento de la misma. Para ello, el gobierno inició un fuerte plan de ajuste a través del cual redujo drásticamente el gasto público (recortando subsidios, desfinanciando programas estatales, despidiendo a una gran cantidad de trabajadores y congelando la inversión/obra pública, entre otras cosas), se impulsaron una serie de privatizaciones de empresas estatales estratégicas tales como Aerolíneas Argentinas, YPF, Gas del Estado, Entel, Ferrocarriles Argentinos, Aguas Argentinas, el BaNaDe y el Correo Argentino, entre las más importantes. Sumado a todo esto, en 1994 se realizó una reforma de la Constitución Nacional a través de la cual se dictaminó que la salud y la educación (en los niveles iniciales, primarios y secundarios) pasen a ser controladas por las provincias, y se produjo un feroz período de endeudamiento con varios organismos bi/multilaterales, entre los cuales se encontraba el Fondo Monetario Internacional. Cuántas coincidencias, ¿no?

Pero, como dijimos, esto ya es historia conocida y no termina en este punto. Para el año 2001 nuestro país ya se encontraba subsumido en una profunda crisis por un modelo económico agotado, sobre el cual pesaban las deudas tomadas unos años atrás. La decisión del gobierno fue, a través del decreto 648/01, realizar una restructuración de la deuda soberana impulsada, entre otros, por Federico Sturzenegger (quien fue procesado en 2014 por este hecho). La operación, que fue conocida como el “megacanje”, consistió en negociar la postergación de los vencimientos de diversas deudas por tres años -para las que vencían antes del 31 de diciembre de 2010-, a cambio de aumentar al 7 % anual los intereses de dichas deudas.​ Sin embargo, las tasas de interés efectivas alcanzaron valores que rondaban entre el 14,5 y 16 % anual, la deuda se incrementó en un valor cercano a los 40.000 millones de dólares y culminó con el “corralito”. 

En los años siguientes, más precisamente en la segunda mitad de 2004, se dictaminó la Ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, conocida como “ley de consecuencias de la Deuda Externa” (fue parte del proceso que finalizó con la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en enero de 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner), la misma establecía que la reestructuración de las deudas en moneda extranjera del gobierno nacional sólo podrían llevarse a cabo si se cumplían al menos dos de las siguientes tres condiciones:

  • Mejora en el perfil de vencimientos (plazo).
  • Reducción del monto nominal de la deuda (monto).
  • Disminución de la carga financiera de la deuda (tasa).

Solo 20 años pasaron de semejante avance para que hoy repitamos la historia. El 5 de julio de 2024, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, nombró ministro de Desregulación y Transformación del Estado nada más y nada menos que a Federico Sturzenegger (quien, como habíamos comentado, había sido procesado en 2014 por la causa del “Megacanje”). Y no conforme con esto, para el 23 de septiembre del corriente, a raíz de la necesidad de dólares para hacer frente a los vencimientos de 2025 y sostener el tipo de cambio, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 846/24, el cual habilita al poder ejecutivo a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin las condiciones de la Ley 25.917 y sin pasar por el Congreso.

¿Qué significa esto? ¿Por qué el Estado argentino eliminaría aquellos requisitos que implican mejorar plazo, monto y/o tasa (por lo menos dos de las tres) para reestructurar una deuda dejando como único criterio que al gobierno le tomen a precio de mercado los bonos a canjear? 

Lo llamativo de todo esto es que aquellos responsables de uno de los hechos más bochornosos de nuestra historia hoy deambulan por los pasillos del Estado como si nada hubiera sucedido. En un contexto similar al de aquella vez, con el gobierno realizando un fuerte ajuste sobre las cuentas del Estado, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal; con una deuda externa que ahoga a la economía nacional; con el FMI metido nuevamente en nuestro país tras el histórico préstamo adquirido en 2018 por el actual ministro de Economía Luis Caputo, cuando era ministro de Mauricio Macri (y decimos “histórico” no como algo bueno, sino porque fue el más grande de toda la historia del organismo); con un aumento de los índices de pobreza, indigencia y desempleo, y con un tipo de cambio que constantemente se aprecia, nosotros volvemos a repetir la historia.

Es tan imperiosa la necesidad de divisas que, sin ir más lejos, el 21 de octubre, según las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, el presidente dio la instrucción de “acelerar con los procesos de privatización” de las 59 empresas estatales que -al momento- están siendo observadas y analizadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (liderada por Diego Chaher). Entre ellas, aunque parezca mentira, aparecen: Aerolíneas Argentinas, AySA, ENARSA, Ferrocarriles, el Banco Argentino de Desarrollo (hoy BICE), el Banco de la Nación Argentina, ARSAT, la Fábrica Argentina de Aviones y la Televisión Pública, siendo las más significativas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando esto? ¿Cuántas veces más tendremos que pasar por lo mismo? ¿No nos quedó claro como sociedad que este tipo de políticas no conducen a nada bueno? Evidentemente aún hay mucho camino por recorrer, porque los pueblos que no conocen su historia… Están condenados a repetirla.