La ley que era una apuesta central del oficialismo llega recortada a Diputados

Bullrich y el bloque libertario podrán quedarse con el título de la aprobación de la ley, pero sin dos de sus pilares: el capítulo de extranjerización de tierras y el de Manejo del Fuego quedaron fuera del proyecto.

La convocatoria frente al Congreso se fortaleció con la presencia de autoconvocados, mientras la mayor parte de las organizaciones decidieron no hacer una gran demostración de fuerzas. 

La jornada fuera del Senado estuvo marcada por el manejo de la policía que reprimió y persiguió a los manifestantes, con un nivel de violencia que sorprendió incluso en este contexto. Por esto diputados de la oposición convocaron a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a dar explicaciones por el operativo represivo que tuvo un despliegue geográfico y de oficiales absurdo.

Desde el viernes posterior al tratamiento en el Senado comenzaron a circular rumores, a partir de un tuit de la senadora Juliana Di Tullio sobre la supuesta implicación de Sergio Massa en la decisión de retirar el capítulo referido al Manejo del Fuego. El titular del Frente Renovador intenta así recuperar protagonismo en un contexto en el que todo parece indicar más una derrota del oficialismo que un triunfo de la oposición, especialmente después de las idas y vueltas en torno a la situación de Fernández Sagasti.

¿Qué quedó en el proyecto?

Tras las modificaciones necesarias para permitir su aprobación, estos son algunos de los capítulos más relevantes del proyecto que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados:

Expropiaciones

El proyecto propone modificaciones a la Ley 21.499, sancionada durante la última dictadura cívico-militar. El objetivo es dificultar una eventual expropiación mediante una serie de mecanismos, entre ellos un régimen de indemnización expropiatoria que contemple el lucro cesante del bien, un proceso de justificación de la expropiación más extenso y la incorporación del concepto de “expropiación irregular”, que brinda herramientas a los privados para iniciar acciones judiciales contra el Estado y forzar la devolución del inmueble.

En un contexto de privatizaciones y amenazas de privatizaciones de bienes estratégicos, una medida de estas características puede significar una dificultad considerable a mediano y largo plazo para recuperar bienes esenciales para el futuro del país, como AYSA o ARSAT.

Desalojos

Esta sección pretende modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. Para ello, incorpora el recurso del juicio sumarísimo, que establece plazos procesales más breves.

El proyecto no distingue entre usurpadores y locatarios con contrato formal y dispone la restitución inmediata del inmueble en ambos casos.

Es importante considerar que esta modificación tiene como antecedente la derogación de la Ley de Alquileres mediante el Mega DNU de diciembre de 2023, que estuvo acompañada por un fuerte incremento de los alquileres. La combinación de esta situación con la crisis salarial, la caída del empleo formal y los picos de morosidad deja a los inquilinos en un escenario de extrema vulnerabilidad e imprevisibilidad.

Lo que no pasó

Gracias a distintos factores, pero principalmente a la presión social, la columna vertebral del proyecto tuvo que ser retirada durante la semana pasada.

Si se observa la cronología de los acontecimientos, puede advertirse que desde un primer momento existió un registro de la polémica que generaba el proyecto. La sesión venía siendo postergada desde mayo y, finalmente, en la semana previa a su tratamiento efectivo, cuando el tema pasó a ser de interés público y adquirió repercusión a partir de los comentarios de distintas figuras públicas, llegó el previsible rechazo a algunos de sus puntos centrales.

En este contexto, también se discute si estos megaproyectos, impulsados en gran medida por Federico Sturzenegger, resultan beneficiosos para la imagen del Gobierno de cara a las elecciones de 2027.

Los capítulos que funcionaban como columna vertebral del proyecto eran, fundamentalmente, los referidos a la Ley de Tierras y al Manejo del Fuego.

El primero planteaba la eliminación de los límites que actualmente impiden la concentración extranjera de tierras rurales, flexibiliza restricciones sobre áreas sensibles y desarmaba parte del marco legal que durante años permitió preservar el control nacional sobre una porción sustancial del territorio.

El segundo abría la puerta a la especulación inmobiliaria mediante la eliminación del artículo que establecía que el destino de los terrenos incendiados no podía modificarse durante 60 años cuando se tratara de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas protegidos, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas.

La exclusión de estos capítulos constituye una victoria directamente vinculada a la presión social. Ahora debe convertirse en el puntapié inicial para organizar la lucha que deberá darse en Diputados: proteger a las familias frente a los desalojos exprés y evitar la incorporación de trabas exacerbadas a los procesos de expropiación.

¿Qué se puede esperar del debate en Diputados?

El panorama en Diputados es incierto. Los bloques están menos consolidados y no garantizan bases de votos lo suficientemente firmes como para anticipar el resultado.

La definición dependerá, en buena medida, de la posición que adopten los diputados que responden a Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y los legisladores que integran Provincias Unidas. Los gobernadores pueden comenzar a especular con las debilidades del Gobierno, con la mirada puesta en 2027.

La ley que llegó al Senado como una pieza central del programa libertario vuelve a Diputados recortada y con algunos de sus capítulos más cuestionados fuera del texto. El resultado no es definitivo: el próximo escenario de disputa será la Cámara baja.